Cierran el grifo, pero nadie dio la orden

Con fecha 6 de marzo, Gestagua, la empresa que gestiona el servicio de agua de El Bonillo, envió una carta a los vecinos de tres fincas de Sotuélamos: Los Anchos, La Chaparrala y El Pajar. Les comunicaba el corte definitivo del suministro el 31 de marzo.

Menos de un mes de plazo. Una carta del servicio de atención al cliente, sin la firma de nadie, que lo justificaba en «los últimos cambios normativos y las circunstancias particulares de la empresa». Por un suministro que se presta y se paga desde hace décadas, y del que depende una explotación con más de 1.000 ovejas que necesitan agua todos los días.

Casualmente, el corte llegaba justo hasta el cortijo de la familia del presidente de EBUN.

La empresa señala al alcalde

Cuando los afectados llamaron a Gestagua para pedir explicaciones, la respuesta fue que ese asunto «tenían que hablarlo con el alcalde del Ayuntamiento de El Bonillo».

El 30 de marzo, un día antes del corte, los afectados fueron en persona a las oficinas de Gestagua en Munera y en Villarrobledo. Nadie se atrevió a decirles si al día siguiente les cortarían el agua o no.

Por teléfono, el alcalde les dijo que el Ayuntamiento no tiene por qué dar agua fuera del casco urbano. Pero cuando un concejal le pidió explicaciones por escrito, respondió el 31 de marzo:

«No existe ninguna orden ni instrucción por parte de esta alcaldía relativa al corte o interrupción del suministro de agua a las fincas rústicas “Los Anchos”, “La Chaparrala” y “El Pajar”».

Y añadía que el Ayuntamiento no había tenido «ningún tipo de comunicación al respecto» con la empresa.

La empresa pide órdenes al Ayuntamiento

Ese mismo día, Gestagua se dirigió por escrito al Ayuntamiento. En su escrito reconoce que esas fincas se abastecen de agua «por indicación y bajo el conocimiento» del propio Ayuntamiento. Alega que esos suministros nunca se regularizaron y cita un expediente municipal del que dice haber tenido conocimiento «de manera extraoficial».

La empresa admite que, como concesionaria, no tiene facultades «para definir por sí misma el ámbito del servicio», y pide al Ayuntamiento que le indique «de forma expresa» si debe continuar o no el suministro.

Es decir, la empresa dice que la decisión corresponde al Ayuntamiento. Y el Ayuntamiento dice que no ha decidido nada. Entonces, ¿quién ordenó el corte? Y si había algo que regularizar, ¿por qué se ha permitido durante décadas y se descubre ahora, de golpe, con menos de un mes de plazo?

Nadie da la cara

El 23 de mayo preguntamos por escrito a Gestagua los motivos del corte, quién tomó la decisión y si el Ayuntamiento había participado. Tuvimos que insistir para que, al menos, acusaran recibo.

Su respuesta: Evasivas. Que actúan «exclusivamente en su condición de concesionaria», que debemos dirigirnos al Ayuntamiento. Sobre quién dio la orden, ni una palabra.

Mientras tanto, los afectados pusieron el asunto en manos de abogados. Y Gestagua tuvo que dar marcha atrás: ha concedido una prórroga de seis meses para aclarar la situación. La batalla continúa, pero el agua sigue llegando. Y todavía sin que nadie asuma la decisión.

Demasiadas casualidades

Cortar el agua a una familia y a una explotación ganadera, con menos de un mes de plazo y una carta sin firma, no es un simple trámite. Es una forma de presión. Y cuando llega el momento de dar explicaciones, resulta que la orden no la dio nadie: la empresa señala al Ayuntamiento y el alcalde señala a la empresa.

Hoy le ha tocado a la familia del presidente de EBUN. Mañana le puede tocar a cualquier vecino o empresa del pueblo. El agua es un servicio básico, no una herramienta de presión.

Menos mal que solo son casualidades. Porque si no, estaríamos hablando de algo muy grave.